redactado por UNITAS, La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social


Se han escuchado muchas voces, tanto de la sociedad boliviana en general como del partido gobernante, en respuesta a la inobservancia del principio de supremacía constitucional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuando permitió que Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera fueran reelegidos indefinidamente. El miembro de Forus en Bolivia, UNITAS, presentó una declaración pública en defensa de la democracia.


Se ha advertido sobre posibles irregularidades en la organización y la ejecución de las elecciones nacionales, dada la inobservancia del principio de seguridad jurídica, entendido como la aplicación objetiva de la ley para que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y todos los actos realizados por los órganos del estado se vean como fiables y predecibles.

Ya se advertía un claro deterioro en la democracia y sus instituciones, dada la inobservancia del principio de independencia y la subordinación evidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a otro órgano del estado. Se escuchaban muchas voces discrepantes, tanto dentro como fuera del partido gobernante, y especialmente entre la sociedad boliviana en general de este a oeste del país, en respuesta a la inobservancia del principio de supremacía constitucional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuando permitió que Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera fueran reelegidos indefinidamente, dando preferencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre los cuatro artículos de la Constitución del Estado Plurinacional, que no permite la reelección por un periodo indefinido.

Al dar prioridad al fallo del TCP, la Autoridad Electoral no respetó el resultado del Referéndum Constitucional celebrado 2016, en el que el pueblo boliviano rechazó la propuesta para modificar el Artículo 168 de la Constitución y el 51 por ciento votó No a la reelección de Morales y García Linera. Era ya perceptible el evidente agotamiento de un proceso de cambio que se niega a cambiar, dada la inobservancia de los principios de transparencia, honestidad y confianza por parte del estado. Al contrario, el denominado «proceso de cambio» está aumentando la polarización de la sociedad, el clientelismo y la cooptación de aquellos que rechazaban anteriormente un modelo de gobernanza que ahora se reproduce de una manera cada vez más marcada ignorando y anulando la voluntad del pueblo, tanto de los votantes del partido gobernante como de los que apoyan a otros partidos.

Se han ido acumulando distintas situaciones, pero la que hizo estallar la democracia en Bolivia se produjo el domingo 20 de octubre a las 19:40, cuando el Tribunal Supremo Electoral publicó las cifras del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con un 83 % escrutado, lo que indicaba que habría una segunda vuelta que enfrentaría a Evo Morales y Carlos Mesa. En ese momento se suspendió el recuento de votos y 24 horas más tarde se actualizaron los resultados del TREP, que indicaban que con más del 90 % escrutado la tendencia de voto había cambiado y el MAS parecía el vencedor claro. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OAS) describió lo ocurrido como algo «inexplicable», mientras que la Unión Europea manifestó tener «serias dudas» sobre el recuento electrónico de votos del TSE. 

Los ciudadanos se echaron a las calles para protestar, las sedes del tribunal electoral acabaron en llamas, se produjeron cuantiosos destrozos, así como enfrentamientos entre los grupos opositores, y la policía empleó el uso de la fuerza. La celebración de la democracia que tuvo lugar el pasado 20 de octubre, cuando el pueblo boliviano acudió en tropel a las mesas electorales para cumplir con su deber como ciudadanos y ejercer su derecho al voto, se vio enturbiada por los actos cuestionables del Tribunal Supremo Electoral, confirmando la falta de respeto institucional por la democracia de la que ha hecho gala en los últimos años. Los ciudadanos de Bolivia no aceptan ni confían en los resultados de las últimas elecciones y están dispuestos a movilizarse para exigir respeto a la voluntad de los votantes y sus derechos. La sensación de que se ha cometido un fraude se ve confirmada por los discursos pronunciados por el partido gobernante declarando la victoria del MAS y negando toda posibilidad de una segunda vuelta, aunque los resultados parciales indicaban que sería inevitable esa segunda vuelta.

Por consiguiente, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, en defensa de la democracia y el estado de derecho:

1. Expresa su desacuerdo con las medidas tomadas por el Tribunal Supremo Electoral, y exige que sus miembros dimitan por la manera irresponsable con la que han llevado el proceso electoral.

2. Llama a las autoridades nacionales a prepararse para la segunda vuelta de las elecciones generales, en pro de la paz del país y el respeto a los ciudadanos, y para mantener el principio de permitir que el pueblo tenga la última palabra. En todo proceso electoral hay unas normas que deben respetarse.

3. Exige que las autoridades relevantes realicen las investigaciones necesarias y sancionen a las personas responsables de las distintas irregularidades denunciadas por los ciudadanos durante el proceso de elecciones generales.

4. Insta a todos los ciudadanos bolivianos a expresar su opinión y pronunciarse de manera pacífica, y exige el cumplimiento de sus derechos en un ambiente de paz y respeto, en pro de mantener la cohesión social en torno a la ética de la democracia y el bien común.

5. Ratifica su compromiso de defender la democracia y ejercer el derecho de protesta como manifestación de las tres libertades fundamentales (libertad de asociación, expresión y reunión pacífica) y para garantizar el control del poder estatal.

6. Exhorta a las autoridades y a las fuerzas del orden a respetar el derecho internacional sobre la protección de los derechos humanos, y que se abstengan del uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza y la represión de las protestas sociales.

7. Repudia todo acto de agresión física, como los sufridos por Waldo Albarracín, defensor de los derechos humanos, mientras ejercía su derecho a defender la democracia, y cualquier repetición de dichos actos, que generaron más violencia durante las protestas ciudadanas. Es fundamental investigar estos hechos para que no queden impunes los actos violentos contra los ciudadanos.

8. Condena los hechos desafortunados que provocaron los actos vandálicos que afectaron a la propiedad pública y a la seguridad de los ciudadanos en varios departamentos del país. Debe garantizarse el proceso debido en todos los casos para investigar y castigar a los instigadores y autores de dichos actos. ¡Por una Bolivia digna y democrática!